Resultado de imagen de El Gobierno iniciará la nueva sede judicial de Fuerteventura desde que el suelo esté disponible

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, visitó el viernes pasado Puerto del Rosario, donde se reunió con el alcalde, Nicolás Gutiérrez. Entre otros asuntos, abordaron los trámites para sacar adelante la nueva sede judicial en esa ciudad. Barragán expresó que el Ejecutivo sigue valorando la parcela donde ahora mismo está el cuartel de defensa, que es el lugar que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario contempla a este fin en su Plan General de Ordenación. El alcalde espera tener disponible el suelo entre seis y ocho meses. Una vez que lo esté, Barragán se comprometió a iniciar el proyecto de la obra.

Al encuentro también asistieron el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Cesáreo Rodríguez, el concejal de Urbanismo y Planeamiento, Roberto Padilla, el primer teniente de alcalde y concejal de Obras, Carlos Rodríguez, y el jefe del Gabinete del consejero, Enrique Soler.

El futuro edificio acogerá la totalidad de los órganos judiciales y fiscales del partido judicial de Fuerteventura, así como servicios, existentes en el partido judicial y actualmente dispersos ahora en cuatro sedes (seis Juzgados de Primera Instancia e Instrucción -uno de ellos con Registro Civil Adscrito-, los juzgados de lo Social número 2 y el de lo Penal número 2, ambos de Arrecife con sede en Puerto del Rosario, el Decanato, la Fiscalía de Área de Arrecife-Puerto del Rosario -sede de Puerto del Rosario- y la Sección de Puerto del Rosario del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas).

Contará con 19.300 metros cuadrados de construcción repartidos en tres sótanos de 3.000 metros cuadrados cada uno en los que se ubicarán la sección del IML y la zona de seguridad, entre otras dependencias. Las cuatro plantas restantes, ubicadas sobre el nivel de suelo, tendrán una superficie de 10.300 metros cuadrados de construcción.

Estas plantas sobre rasante albergarán las oficinas, servicios y dependencias comunes en las que confluye mayor cantidad de público y profesionales jurídicos con el fin de evitar su desplazamiento a las plantas donde se sitúan los órganos judiciales y fiscales propiamente dichos, a las que solo se accederá para gestiones profesionales y comparecencias regladas.